Dicen que las casualidades demasiado casuales suelen ser causales. Nos preguntamos entonces qué casualidad ha generado que en estos días todo el mundo esté preocupado por el problema de la Educación Pública. ¿No era acaso un tema tradicionalmente obviado e ignorado por la (gran) empresa privada, por no mencionar ya al Estado? Ineficiencia, corrupción y unos pésimos resultados educativos han sido las causas que han llevado a cuestionar el papel del Estado como promotor de la formación de nuestros jóvenes. (Ésta es, además, otra de las grandes paradojas de un país cuyo crecimiento económico sostenido no se condice con el hecho de ser, a su vez, uno de los últimos de América Latina en lo que a nivel educativo concierne.)
Este debate se (re)inició a raíz de una intervención de Alfredo Bullard en la última CADE por la Educación 2013 (ver aquí), que transcribimos textualmente:
[…] mucha educación no es sinónimo de mejor situación. Robert Nozick se preguntaba por qué suele ocurrir que los intelectuales, la gente vinculada a la actividad académica y vinculada incluso a la actividad artística, suele tener una tendencia a rechazar ideas de mercado, o sea, tienen una tendencia a ser más de izquierda. Y la respuesta que Nozick da es: Modelo Educativo. La forma como organizamos los modelos educativos, que se basan en una meritocracia de qué tan buenas notas te sacas, hace que muchas personas inteligentes que terminan siendo académicos o intelectuales sesguen su visión del mundo en relación a que el éxito se debe determinar por la nota y no de repente por otro tipo de habilidades. El mercado no les gusta, porque en el mercado una persona con menor capacidad académica puede tener más éxito porque tuvo una idea que la gente quería. O un futbolista puede ganar más que un académico conocido. O un abogado que se dedica a la academia termina detestando a un abogado que se dedica a la actividad profesional diciendo: ¿Pero por qué gana más que yo si yo me sacaba mejores notas? Entonces, eso genera rechazo al mercado […].
Es una lástima que el señor Bullard, quien ha sostenido posiciones muy interesantes (y que comparto plenamente) sobre temas como la piratería o los cárteles profesionales, demuestre un desconocimiento tan grave sobre las particulares realidades de la educación estatal en el Perú. Y por más que ciertas personas quieran defenderlo basándose en su sentimiento de amistad (lo cual, al fin y al cabo, es legítimo, ya que son sus amigos), sea porque “sacaron sus palabras de contexto” o simplemente porque “los que lo critican son unos marxistas maleducados que no saben debatir”, etcétera, etcétera, lo cierto es que la visión de Bullard sobre la educación no solo responde a una sobreideologización del análisis, sino que además está basada sobre premisas falsas. Sin embargo, eso no implica negar los severos problemas que afronta la educación estatal actualmente.
Para hablar ya solo de la educación universitaria, el panorama es tan crítico como el de los niveles primario y secundario. Según datos de la ONG Universidad Coherente, los problemas que afrontan la universidades nacionales son varios: la creciente demanda por Educación Superior (especialmente en provincias) ha hecho que muchos políticos se aprovechen de éstas y creen nuevas “universidades” (sin local, sin instalaciones, sin docentes) por meros intereses electoreros; asimismo, son evidentes las asimetrías presupuestarias entre universidades estatales: mientras que la Universidad Nacional de Ingeniería y la Mayor de San Marcos recibieron, respectivamente, S/. 258 millones y S/. 400 millones este año; a otras, la Toribio Rodríguez de Amazonas, la Nacional de Tumbes y la Nacional del Callao, se les dieron S/. 26 millones, S/. 56 millones y S/. 67 millones, respectivamente. Otros problemas son la ineficiencia en la ejecución presupuestaria (para el año 2010, las universidades estatales dejaron de gastar S/. 781 millones) y la pésima asignación de recursos al interior de cada universidad. Lo de siempre: hay recursos, pero seguimos igual o peor; es decir, crecimiento sin desarrollo. El problema es grave, porque cuando termine este ciclo de crecimiento económico (cuyas aristas están empezando ya a delinearse), el Estado dejará de percibir mayores recursos para invertir en Educación, lo que limitará su capacidad para impulsar algún tipo de reformas, que, como vemos, no hizo durante nuestro periodo de auge. O sea, seguiremos en fojas cero; pero, además, sin plata.
Los problemas son evidentes, pero la solución planteada por algunos de los ponentes de la CADE (Fritz Du Bois, Ian Vásquez y el ya mencionado Alfredo Bullard) no deja por ello de ser errónea. Peor aún: no contento con su anterior “metida de pata”, el mismo Bullard sustentó días después su rechazo a la educación pública con el criterio de la omnisapiencia de los padres para elegir la carrera de sus hijos (un absurdo que no amerita discusión alguna), así como el de una supuesta competencia desleal del Estado contra la empresa privada. Este argumento ya ha sido extensamente rebatido por Gustavo Faverón (recomiendo su lectura), por lo que yo solo quisiera agregar algo: llevando la propuesta de Bullard a sus últimas consecuencias, tendríamos que clausurar también la Academia Diplomática del Perú, debido a que, gracias a los beneficios que ofrece ésta (pensión completa financiada por el Estado), este último estaría compitiendo deslealmente con otras universidades privadas que también ofrecen maestrías en Relaciones Internacionales. Esto es algo que jamás se le ocurriría a ningún gobierno extranjero con un mínimo de sentido común, dado el carácter especial que requiere la formación de funcionarios en cualquier servicio exterior.
Sin embargo, no es la solución, sino las premisas sobre las que se basa ésta, lo realmente grave. Como señala Alberto Vergara, la presunción de que el Estado monopoliza el sistema educativo es falsa, ya que el 24% de la educación peruana está en manos privadas, muy por encima de la media latinoamericana; y en varios distritos de Lima, los resultados académicos de los estudiantes terminan siendo mejores en la educación pública que en la privada. Si nuestros “liberales” (las comillas son intencionales) creen que todas las universidades privadas son como la Pacífico y todos nuestros colegios privados como el Markham, deberían darse una vuelta por la gran mayoría de distritos de Lima (ya ni hablar del Perú) y fijarse en la enorme cantidad de colegios y universidades privadas que funcionan en cocheras y no tienen los requisitos mínimos para poder otorgar un título académico. Y sí, son de gestión privada.
Coincido con la opinión de Vergara, quien señala que la reflexión sobre la educación en el Perú debe tener como punto de partida determinados objetivos y metas que deben fijarse para con estudiantes y docentes, en lugar de perder el tiempo discutiendo sobre quién administra mejor qué cosa. Ya hay demasiados colegios y universidades privadas, y eso no ha contribuido en nada a una mejora de la calidad académica: ahí están los exámenes PISA y los rankings internacionales para demostrarlo.
La creciente demanda por educación superior (especialmente en provincias) ha hecho que muchos políticos se aprovechen y creen nuevas “universidades” (sin local, sin instalaciones, sin docentes) por meros intereses electoreros.
La diferencia fundamental entre las universidades privadas más prestigiosas y las “universidades-cochera” que cuestionamos es que las primeras viven de un prestigio basado en la alta calidad de sus estudiantes, docentes y egresados, lo que les permite tener acceso a diversas fuentes de recursos que las hacen sostenibles (proyectos de investigación, consultorías, donaciones, aportes de egresados, etcétera); mientras que las últimas dependen casi al 100% de los ingresos por matrícula y pensiones de sus estudiantes, que no son vistos como miembros de una comunidad académica, sino como simples clientes. La producción de conocimiento no está entre sus objetivos, y esto contradice la esencia misma de la Universidad.
Por todo ello, no hay ni podría haber facultades de Física Pura, Ciencias Básicas o Ciencias Sociales en ninguna universidad privada con fines de lucro. ¿De qué manera es posible volver “rentables” carreras que están basadas en la producción de un conocimiento que eventualmente puede servir para cuestionar el statu quo vigente (político, social, cultural, tecnológico) en un país donde un gran sector de sus élites políticas y empresariales es reacio a todo tipo de cambio, sea cual sea? ¿Es acaso casualidad que este modelo educativo que plantean nuestros “liberales” sea funcional a la perpetuación de un modelo económico primario-exportador en el Perú? Obviamente, no.
Si partimos de la premisa de que somos un país minero, y que solo puede ser minero, entonces la educación debe limitarse a formar “buenos gestores” de un crecimiento económico inflado a causa de los elevados precios de los minerales: abogados, administradores, algunos ingenieros y muchos publicistas. Punto. ¿Para qué necesitamos científicos que investiguen sobre otras fuentes alternativas de creación de riqueza, si somos un país minero (y solo minero podemos ser)? ¿Para qué necesitamos inventores que diversifiquen la estructura productiva del país si somos un país minero (y solo minero podemos ser)? ¿Para qué necesitamos científicos sociales que describan los problemas a largo plazo que genera este modelo de crecimiento si somos un país minero (y solo minero podemos ser)?
En síntesis, para qué necesitamos gente que quiera cambiar las cosas si así como estamos estamos bien (y, lo más importante, no podríamos estar mejor que ahora). ¿De qué nos quejamos, entonces?
Así, el hiato entre la dinámica del mercado, que exige un crecimiento sostenido de las ganancias de la empresa, se contradice con la dinámica del conocimiento, que demanda trabajar a pérdida cuando hay un objetivo intelectual superior de por medio. La teoría de la relatividad fue descubierta a inicios del siglo XX, y 100 años después sigue siendo materia de investigación con fondos tanto privados como públicos (por cierto, sin atisbos de querer disminuir justificándose en una cierta “ineficiencia” de asignación de recursos).
Esto no funcionaría dentro de la lógica de Bullard y sus amigos: si, por alguna razón, algún día llegaran a ponerse de moda las facultades de Física Pura en las universidades de lucro, éstas seguramente cerrarían luego de cinco años o menos, al no hallar una salida comercial rentable. (En una Facultad de Física Pura los dueños de la Universidad no pueden exigir a sus investigadores cosas como: “Me refutan la teoría de la relatividad en 10 días y se arman un diplomado al toque, que tenemos que meter unas 100 personas antes de fin de mes, ¿ok?”.) Incluso, si el gran colisionador de hadrones hubiese sido inventado en el Perú, seguramente nuestros “liberales” (que no sabrían qué hacer con él) estarían ahora pidiendo chatarrearlo y rematar sus piezas para luego construir un mall en el territorio desocupado, dadas las falencias de su funcionamiento durante estos últimos tres años (algo que, por cierto, jamás se les ocurriría a los empresarios europeos que financiaron este proyecto).
Esta situación empeoraría si hablamos de facultades de Ciencias Sociales; quizá menos polémicas en países como Suecia o Islandia, mas no en uno como el Perú, con sus profundas desigualdades económicas y sociales. Como señala Cecilia Méndez, dado que el Perú es una república empresarial en la que todo se construye con un criterio economicista, lo único que importa es el hoy y solo el hoy. No el ayer, ni el mañana. La Historia es así conceptualizada como un relato lleno de tristezas que los peruanos debemos olvidar para mirar con esperanza el mundo del presente; ese Olimpo Marca Perú donde los verdaderos emprendedores/optimistas viven felices y orgullosos de su peruanidad tomando Inca Kola, comiendo pollo a la brasa todo el día y enorgulleciéndose de Asu mare y Al fondo hay sitio como hitos fundacionales de nuestra mitología republicana. (Mejor ni hablar de la Sociología, la Antropología o la Ciencia Política, que nuestros “chamanes de la empresa” deben imaginar como ciencias similares al ocultismo, la magia negra o cosas peores.)
En conclusión, según esa “utopía educativa” que plantean nuestros “liberales”, tendríamos que aceptar que no se necesita realmente ser bueno en algo para tener éxito cuando el mercado así lo dispone. Y dado que el éxito está conceptualizado solo en términos monetarios, al final tendríamos que cerrar todas las escuelas de ciencias (que solo generarían “resentidos sociales y subempleados que rechazan el mercado”) para sustituirlas por escuelas de fútbol. Al final, por más que seas un investigador destacado en alguna ciencia natural o social, siempre terminarás ganando menos que Reimond Manco (sin mencionar que nunca te invitarán a bailar a ningún programa de la tele). Que Bullard o sus amigos no hallen nada perverso en el hecho de que un pésimo futbolista pueda llegar a ganar cinco mil dólares mensuales y un excelente profesor de colegio alcance con las justas el sueldo mínimo solamente porque “el mercado así lo determina”, es la evidente señal de una absoluta ceguera valorativa condicionada ideológicamente. (Y hablando de fútbol, el caso uruguayo sería un excelente tema de investigación al respecto: ¿Por qué un país como Uruguay, con sus bajísimos sueldos por jugador, genera excelentes equipos que destacan en todos los mundiales, a diferencia de nuestro país, que, como sabemos, es el reino de la mediocridad bien pagada? Digamos: si ya es bastante triste que actualmente la gente solo valga por lo que pesan sus bolsillos, peor aún es el caso peruano, donde el peso de esos bolsillos muchas veces no tiene correlación alguna con la importancia de la actividad que los llena.)
¿Qué hacer, entonces, con la universidad estatal? En principio, es buena la idea de crear una autoridad por encima de la Asamblea Nacional de Rectores para que supervise la calidad de las universidades; pero no olvidemos que existen otros organismos que ya realizan (o, al menos, deberían estar realizando) esa función (Contraloría, MINEDU, CONEAU, SINEACE, etcétera), por lo que es justo preguntarnos si esto responde a una demanda real o es simplemente una excusa para crear más burocracia pública. Podríamos tomar como ejemplo por seguir la experiencia ecuatoriana, que ha tenido un problema similar al nuestro y se vio obligada a clausurar 14 universidades que no cumplían con estándares mínimos, para lo que estableció un sistema de supervisión y acreditación que les está dando buenos resultados (ver aquí y aquí).
Al respecto, Mario Vargas Llosa hace una propuesta interesante: la existencia de universidades privadas es saludable siempre y cuando se incorporen criterios de gestión acordes con el tipo de servicio que brindan; es decir, no buscando el lucro inmediato de sus accionistas, sino reinvirtiendo los beneficios enteramente en la misma Universidad, siguiendo el modelo de Harvard o Princeton. Un modelo así mejoraría la calidad general de la institución, ya que al no existir el incentivo del lucro de por medio, ya no sería necesario hacer ingresar a todos los estudiantes que se pueda (lo cual es paradójico, tomando en cuenta la gran demanda por trabajadores técnicos que no es cubierta, dado el afán de los padres por meter a sus hijos en la Universidad). El ingreso masivo de estudiantes no calificados con vistas a fomentar el lucro de los dueños de las universidades no solo crea incentivos para bajar los estándares educativos, sino también para aumentar los niveles de permisividad académica en nombre de la ganancia inmediata que genera el pago puntual de pensiones. Basta recordar lo que pasó hace unos meses en la Universidad de Harvard, en la que 60 estudiantes fueron sancionados (muchos de ellos expulsados por un año) en lo que fue el mayor escándalo de plagio masivo en toda su historia. Tomando en cuenta que la pensión anual por estudiante en Harvard es de US$50.000, sacando las cuentas de todo el dinero perdido por la Universidad, habría que preguntarse cuántos de nuestros “empresarios de la educación” habrían estado dispuestos a hacer semejante sacrificio económico a nombre de preservar el prestigio académico de su institución.
Nota: Para una lectura más extensa del tema, recomiendo algunos artículos citados aquí; especialmente los de Alberto Vergara, Gustavo Faverón, Mario Vargas Llosa, Pablo Quintanilla, Francesca Emanuele, Cecilia Méndez, el trabajo académico de Jaime Rojas sobre la Reforma Universitaria en Ecuador, y los datos que ofrece la ONG Universidad Coherente.